Para que los derribos de Cho Vito no se repitan

El Parlamento aprueba, con el voto socialista en contra, la modificación del texto de las leyes de ordenación territorial de Canarias, para proteger los núcleos costeros que tengan valor etnográfico.
Gomeraactualidad.com/Regional.-Para Cho Vito llega tarde, pero puede que su ejemplo haya servido para salvar a otros poblados costeros. Al menos eso es lo que se traduce de la aprobación llevada a cabo este jueves en el Pleno del Parlamento canario de la propuesta del Gobierno regional para modificar las leyes de ordenación que desembocaron en el derrumbe de las casas del poblado de Candelaria.
El Pleno del Parlamento de Canarias acordó, con los votos a favor de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) y en contra del Partido Socialista (PSOE), modificar el texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral de las Islas. Con esta norma se pretende, entre otras cosas, evitar el derribo de poblados en núcleos costeros que tengan valor etnográfico.

Además, con la modificación del texto refundido se quiere cambiar la clasificación del suelo de asentamientos rurales a núcleos urbanos, ya que se considera que esta función le corresponde al Gobierno de Canarias "y debe ser tenida en cuenta por Costas".

Asimismo, en el texto se contempla la elaboración por parte del Gobierno canario de un censo de aquellas edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco y ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en las zonas de servidumbre, para que puedan obtener la concesión o autorización correspondiente. La propuesta normativa, que se ha aprobado, ha estado impulsada por los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno regional y pretende reconocer derechos de propietarios de las viviendas que se encuentran en esas zonas y en las que habitaban antes de que se aprobara la actual Ley de Costas en julio de 1988.


El documento contempla la elaboración de un censo de aquellas edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco y ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en las zonas de servidumbre para que puedan obtener la concesión o autorización correspondiente. Además, con la modificación del texto refundido se plantea el posible cambio de clasificación del suelo de estas zonas a núcleos urbanos, siempre que cumplan una serie de requisitos con carácter previo a la aprobación de la Ley de Costas.

Tribunal Constitucional

El diputado del grupo parlamentario Socialista (PSC-PSOE), Manuel Fajardo, se encargó de defender las enmiendas presentadas por el PSOE, que fueron rechazadas por CC y PP. Fajardo expuso que las modificaciones que planteaba tenían como objetivo “adecuar el texto de la proposición de ley a la Constitución Española para evitar una confrontación en el Tribunal Constitucional entre la Comunidad autónoma y el Estado”.

Acto seguido, el diputado de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, realizó unas matizaciones a las enmiendas del PSOE, que éste grupo no aceptó “porque vaciaría de contenido las modificaciones socialistas”, apuntó Manuel Fajardo.Por su parte, la diputada del Partido Popular (PP), Cristina Tavío, lamentó que el PSOE “defienda las arbitrariedades” de la Dirección General de Costas y “dé la espalda al pueblo canario”.

Asimismo, felicitó al consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, “por la paciencia que ha tenido con las familias que desde hace cinco años no duermen por una interpretación tortuosa de dos leyes nacionales”.

Interpretación sesgada

En ese sentido, Tavío calificó de “tortuosa, arbitraria y sectaria” la interpretación de la Ley de Costas que está realizando el Gobierno central y afirmó que el PP tiene muy claro que hay dos textos legales que amparan la defensa de miles de canarios. Recordó que antes de 2005, cuando gobernaba el PP, se reconocían los núcleos urbanos consolidados de antes de la ley de Costas, pero después de 2005, “el PSOE introduce su talante en la interpretación de esta ley y decide demoler todo aquello que sirve de cobijo a muchas familias y que constituyen actividades de comercio que mantienen puestos de trabajo en las Islas”. Además criticó que los socialistas durante la campaña electoral estuvieran a favor de esta proposición de Ley y ahora no.

El diputado de CC, José Miguel González, aseguró que con este texto se hace frente a un trato injusto a unas localidades y construcciones, derivado de una interpretación sesgada de la Ley de Costas, al tiempo que lamentó que el portavoz del PSOE no haya sido capaz de considerar las enmiendas transaccionales que había presentado Coalición Canaria.

Protección

Asimismo, dejó claro que con esta ley, CC y PP no pretenden apoyar la indisciplina urbanística, “sino que lo que merece protección debe ser protegido y subrayar que no se puede eliminar la historia por una aplicación de una norma interpretada sesgadamente”. También comentó que si el PSOE entiende que esta ley debe ir al Tribunal Constitucional “que la lleven y veremos quién tiene la razón. Nosotros defendemos los intereses de los canarios y me gustaría saber qué intereses defienden ustedes”, sentenció.El diputado del PSOE, Manuel Fajardo, respondió que los socialistas defienden también los intereses de los canarios y acusó a CC y PP de intentar “demonizar” al PSOE, culpándole de que son los que quieren tirar las casas a esos pobres ciudadanos. Recordó que las viviendas en el litoral es un “problema endémico” en las Islas y el Partido Socialista es partidario de que “no se puede dar en la igualdad situaciones desiguales”, por lo que cree conveniente elaborar un mapa en canarias "para saber los puntos conflictivos que tenemos en esas costas”. Añadió que el PSOE defiende el interés general y está con las familias y de acuerdo con que se negocie y se hable este tema. “Hay que estudiar caso por caso y no creemos que esta ley es buena, porque va a crear una confrontación con el Estado” dijo, a la vez que advirtió al Gobierno canario de que “con la ley de medidas urgentes va a crear un problema con los cabildos y ayuntamientos y con ésta tendrá un problema con el Estado”.

Hace un año

Esta proposición de Ley inició su andadura hace casi año y medio, en enero de 2008, y es ahora cuando se ha sometido a debate y votación del pleno de la Cámara autonómica. Hay que recordar que el pasado 5 de marzo se debatió la proposición de Ley en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Allí se aprobó con los votos a favor de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), ya que se rechazaron todas las enmiendas presentadas por el grupo Socialista (PSC-PSOE), en las que advertía de que algunos de los planteamientos normativos recogidos en la propuesta, tal y como está redactada, conculcan la Constitución Española y las normas de carácter básico que sólo pueden ser dictadas por el Estado, como la Ley de Costas.

G/Ac:Agencias