CRISIS, CORRUPTELAS Y EL CARAJO LA VELA

ESCRITO POR FEDERICO LINARES

VIERNES, 24 DE JULIO DE 2009 15:45

No creo que haya en el mundo ningún país capaz de crear tantos “chiringuitos” y carguitos inútiles e inoperantes como España. Ni siquiera las llamadas repúblicas bananeras nos pueden igualar por mucho que se esfuercen. La verdad es que tampoco nosotros hemos hecho ningún esfuerzo para merecer tamaña distinción. Es que nos salen solas. Hace unos días sus señorías en el Parlamento de Canarias ponían el grito en el cielo y se rasgaban las vestiduras ante las duras palabras que el Diputado del Común les asestaba sin contemplaciones en pleno rostro y que han herido, cual saetas, los finos tímpanos de los padres del terruño amado. Vino a decir el Sr. Alcaide que: “durante el franquismo las administraciones estaban muy controladas, se regían como si fueran cuarteles y funcionaban mucho mejor”. ¿Y qué? Parece ser que en este país mentar a Franco es mentar a la bicha y que su sólo nombre, después de treinta y cuatro años de pasar a mejor vida, produce urticaria en las posaderas de más de uno. Sin embargo, sus señorías no se han percatado de que la existencia ¿o la necesidad? misma de esa institución es la constatación de que el Sr. Alcaide tiene razón. Y de que la inutilidad de la misma es más que patente. Existe en España (esta palabra también está proscrita) un defensor del Pueblo. No sabemos de qué pueblo, pero ahí está. No sabemos a quién defiende ni de quién nos defiende pero ahí está. Pensaba yo, en mi ignorancia, que para defendernos de las arbitrariedades de las administraciones públicas, en un estado de derecho, estaban los tribunales de justicia. Pensaba, igualmente, que esa justicia debía ser independiente, previsible, rápida y barata. Si alguien piensa que esto es así que me lo diga, porque, en ese caso, para qué queremos más defensores del pueblo o del común. Resulta, por otra parte, que lo que acuerden (me refiero a los defensores del pueblo y del común) no es vinculante y no obliga a los poderes públicos. Es decir, carecen de poder y por lo tanto de autoridad para obligar y defender a los ciudadanos de las arbitrariedades de esos poderes públicos. Sorprendente resulta, también, su designación. Si están para defender al pueblo (al común) deberían ser elegidos por éste y, por lo tanto, deberían responder ante éste. Pero no es así. Los eligen los parlamentos por mayoría cualificada. Se da la circunstancia de que esa mayoría cualificada no es posible, en el caso que nos ocupa, porque no se ponen de acuerdo los tres partidos políticos. Y ahí estamos. ¿Por qué no se lo juegan a los chinos? Hablando de la independencia de la justicia y de la separación de poderes resulta igualmente sorprendente la figura del Fiscal General del Estado. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, el Fiscal General es elegido por el pueblo, pero en España, “país de tradición demócrata donde los haya”, el Fiscal General es designado por el gobierno de turno y cesado cuando a éste le parezca. Luego, ¿por qué lo llaman del Estado? Deberían llamarlo del Gobierno, que es más preciso. ¿Por qué no empezamos a cambiar todo esto? ¿Es normal que cuando se produce una sentencia de las más altas instancias del Estado, se diga que ha habido tantos votos progresistas y tantos conservadores? ¿Es normal que estemos años y años esperando para resolver recursos que pueden afectar gravemente al Estado, como es el caso del “Estatut de Cataluña”? ¿Es normal que el Consejo General del Poder Judicial (Órgano de gobierno del Poder Judicial), con dos borradores sobre la mesa, sea incapaz de ponerse de acuerdo para emitir un informe que, aunque no es vinculante, dé su parecer sobre la ampliación de la Ley del Aborto propuesta por el Gobierno. ¿Es que el Código Penal que estudiaron, y que deben manejar, es diferente según la tendencia política de sus componentes? ¿Qué seguridad jurídica pueden tener los ciudadanos de España? ¿Es normal que en el reparto de los once mil millones de la financiación autonómica se compre el voto de los políticos catalanes con tal descaro? 3.800 millones (Un tercio del pastel) para los catalanes, cuya población es menos de la sexta parte de la española, y al resto que le den morcilla. Seguramente el problema de la financiación, y otros muchos, se solucionaría sembrando el país de caña dulce. Así podríamos chupar todos. García Lorca murió pensando que éramos unos toritos bravos. En realidad somos un país de bueyes. Otra institución creada al socaire de las autonomías es la Audiencia de Cuentas. No sé quien designa a los auditores, seguramente el Parlamento y por lo tanto estamos en las mismas. Cuando se audita a un Ayuntamiento (lo de auditar es un decir) la Audiencia no tiene poder sancionador y sólo se limita a dar consejos, pero las “deficiencias” se repiten año tras año y, al final, si hay suerte y cambia el partido que gobierna o se produce una denuncia son los tribunales de justicia los que han de intervenir. En la época de Franco no era así, y los responsables municipales temblaban cuando la Audiencia de Cuentas se daba un garbeo por los ayuntamientos. Los hechos han venido en estos días a darle la razón, una vez más, al Sr. Alcaide. Los Cabildos alertan sobre la caída brutal de ingresos. La Fecai dice que todos los cabildos entrarán en “ahorro neto negativo” en 2010 y tendrán que elaborar planes de saneamiento. Están asustados pero no cortan el despilfarro. Los cabildos y los ayuntamientos siguen manteniendo el mismo tren de gastos y siguen endeudándose hasta la orejas. Siguen los festejos inútiles, cuando no grotescos, a cargo del erario público, es decir, de los impuestos de los comunes. Me gustaría saber lo que es ahorro neto negativo. Resulta que el diccionario de la R.A.E. da tres definiciones de ahorro: a) Evitar un gasto o consumo mayor. Es evidente que no lo están haciendo hasta que la necesidad les obligue. Y les obligará. b) Reservar alguna parte del gasto ordinario. Está claro que no se está haciendo c) Guardar dinero como previsión para necesidades futuras ¡Ni de coña! Lo que ocurre es que están en bancarrota (ruina económica. Desastre, hundimiento, descrédito de un sistema o doctrina). Esto es lo que realmente ocurre. No vengan con eufemismos o monsergas. No digamos nada de las condenas por parte de los tribunales de justicia al Gobierno de Canarias (también a muchos ayuntamientos). Dice un artículo aparecido en el D.A .bajo el título: Los tebetos de la Comunidad Autónoma: “El Gobierno de Canarias va a tener que hacer frente a una ristra de millones de euros para pagar los daños y perjuicios causados a terceros a cuenta de la mala aplicación de la moratoria turística, de la indebida solución de algunos contenciosos judiciales o de la inadecuada oimprudente puesta en práctica de distintas normas jurídicas”. “Ampliación del Parlamento más de diez millones de euros” (Audiencia Provincial, Supremo y Constitucional tuvieron que intervenir).“Caso Tebeto (200 millones). Otras reclamaciones pendientes en los tribunales por daños y perjuicios en la aplicación de las Directrices superan los 1600 millones de euros. Más de dos centenares de cargos públicos de una veintena de municipios de la Comunidad Autónoma Canaria están imputados por irregularidades en diferentes actuaciones urbanísticas. Con ello se viene a demostrar no sólo el grado de corrupción existente en las Islas, sino la importancia económica que pueden revestir actuaciones de este tenor. Porque afectan a corporaciones locales que pueden verse obligadas a pagar cantidades millonarias para compensar los desafueros de alcaldes, concejales y funcionarios. No sé si estaremos, como apuntaron en su día más de cien letrados grancanarios, ante sospechas de galopante tráfico de influencias, prácticas caciquiles, malla de blindajes, sobornos y pagos de favores, mordidas al presupuesto de dineros públicos o corrupción generalizada”. Ahora resulta que nadie es responsable de todos estos desaguisados. Ni los políticos, ni los servicios jurídicos, ni los técnicos. Nadie. Absolutamente nadie. El único responsable es el edificio. Aunque ya se sabe, en este país el único responsable es “el común”, es decir los contribuyentes, que serán los que paguen los platos rotos. Tal vez deba ser así porque es el común el que los ha puesto ahí para que le mal administren. ¡Cada pueblo tiene el gobierno que se merece! G/Ac: Publicado por Onda Tagoror