POLITICA
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| Inmaculada Acosta Imputada en el Caso "Catis" |
Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación.
Gomeraactualidad.com/Canarias.-La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a diez personas que pertenecían a una red dedicada a expedir titulaciones académicas falsas y ha imputado a otras dos como presuntos autores de delito de falsedad documental y estafa. Entre los detenidos estarían, según avanza la Cadena Ser, dos ex directivas de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias, que fueron nombradas por el Partido Popular cuando este gobernaba con Coalición Canaria.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los títulos eran expedidos por el Sindicato Independiente de Trabajadores con sede en la capital gaditana, aunque sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad...La abogada y funcionaria del Servicio Canario de Salud, Inmaculada Acosta Artiles, ex concejala del Ayuntamiento de Telde, figura entre las dos personas imputadas en Canarias por la tramade falsificación de títulos académicos descubierta por la Guardia Civil. Acosta fue directora del Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias hasta que el PP abandonó el Gobierno regional y figuró en el número 5 de la lista del PP al Ayuntamiento de Telde.
Según avanzan El País en su edición digital y la Cadena Ser, las dos personas imputadas en Canarias por la trama de falsificación de títulos académicos serían María Rosa de Haro e Inmaculada Acosta, ambas vinculadas al PP. María Rosa de Haro fue directora del Área de Salud de La Palma e Inmaculada Acosta fue directora de la Esscan.
Gomeraactualidad.com/Canarias.-La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a diez personas que pertenecían a una red dedicada a expedir titulaciones académicas falsas y ha imputado a otras dos como presuntos autores de delito de falsedad documental y estafa. Entre los detenidos estarían, según avanza la Cadena Ser, dos ex directivas de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias, que fueron nombradas por el Partido Popular cuando este gobernaba con Coalición Canaria.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los títulos eran expedidos por el Sindicato Independiente de Trabajadores con sede en la capital gaditana, aunque sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad...La abogada y funcionaria del Servicio Canario de Salud, Inmaculada Acosta Artiles, ex concejala del Ayuntamiento de Telde, figura entre las dos personas imputadas en Canarias por la tramade falsificación de títulos académicos descubierta por la Guardia Civil. Acosta fue directora del Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias hasta que el PP abandonó el Gobierno regional y figuró en el número 5 de la lista del PP al Ayuntamiento de Telde.
Según avanzan El País en su edición digital y la Cadena Ser, las dos personas imputadas en Canarias por la trama de falsificación de títulos académicos serían María Rosa de Haro e Inmaculada Acosta, ambas vinculadas al PP. María Rosa de Haro fue directora del Área de Salud de La Palma e Inmaculada Acosta fue directora de la Esscan.
Las investigaciones, que bajo el nombre de operación 'Catis' se han desarrollado en Cádiz, Canarias y Badajoz, comenzaron en el mes de noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.
Seguidamente, comprobaron que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SITCA), previo pago de 80 euros y una fotocopia del DNI, proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales sin recibir formación alguna.
Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación.
Entre otros, se podían adquirir certificados y diplomas del curso básico de Riesgos Laborales, titulaciones necesarias para poder optar a determinadas bolsas de trabajo o para trabajar en el sector del metal.
Bajo la tapadera de un sindicato, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de Internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz.
Según la Guardia Civil, el SITCA certificaba, previo pago de 80 euros, que el alumno había realizado un curso, contabilizando las horas lectivas, aunque en realidad el alumno no realizaba ninguna hora presencial ni el sindicato preparaba al trabajador.
Expedían títulos autorizados por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas, cuya docencia era supuestamente impartida por el sindicato gaditano.
Incluso, los alumnos podían matricularse en cursos realizados en años anteriores, proporcionándoles los correspondientes diplomas con fecha anterior a la inscripción del alumno.
Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.
La organización estaba encabezada por el secretario general del Sindicato, cerebro de la organización, que se valía de otras personas, organismos y empresas, que facultaban al sindicato los títulos que expedía.
Estas titulaciones eran más tarde presentadas por los alumnos en los distintos concursos oposiciones para acceder a puestos de trabajo o bolsas de contratación que exigían dichos certificados oficiales.
Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Cádiz.
Seguidamente, comprobaron que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SITCA), previo pago de 80 euros y una fotocopia del DNI, proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales sin recibir formación alguna.
Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación.
Entre otros, se podían adquirir certificados y diplomas del curso básico de Riesgos Laborales, titulaciones necesarias para poder optar a determinadas bolsas de trabajo o para trabajar en el sector del metal.
Bajo la tapadera de un sindicato, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de Internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz.
Según la Guardia Civil, el SITCA certificaba, previo pago de 80 euros, que el alumno había realizado un curso, contabilizando las horas lectivas, aunque en realidad el alumno no realizaba ninguna hora presencial ni el sindicato preparaba al trabajador.
Expedían títulos autorizados por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas, cuya docencia era supuestamente impartida por el sindicato gaditano.
Incluso, los alumnos podían matricularse en cursos realizados en años anteriores, proporcionándoles los correspondientes diplomas con fecha anterior a la inscripción del alumno.
Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.
La organización estaba encabezada por el secretario general del Sindicato, cerebro de la organización, que se valía de otras personas, organismos y empresas, que facultaban al sindicato los títulos que expedía.
Estas titulaciones eran más tarde presentadas por los alumnos en los distintos concursos oposiciones para acceder a puestos de trabajo o bolsas de contratación que exigían dichos certificados oficiales.
Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Cádiz.
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